Cultura de todos, no de artistas

 

Nona Fernandez Aunque es actriz de formación de base, Nona Fernández tiene una larga trayectoria como novelista, dramaturga y guionista. A ese “perfil” ha agregado en el último tiempo el de ser una de las voces más activas en el contexto del proceso constituyente, en relación con el desarrollo cultural.

“La cultura –dice– es inherente al desarrollo del ser humano y nos trenza a todos en una comunidad. Por eso, el ejercicio cultural no le corresponde a los artistas, no es un nicho de unos pocos”. A su juicio, lo que llama “el modelo” ha alimentado una suerte de “mito de los artistas”, como titulares casi exclusivos del derecho a la cultura, así como la noción (“un poco clientelar”) de que este consiste en el libre acceso a una especie de cartelera o una serie de eventos.

En contraste, piensa que los derechos culturales deben ser abordados en tres dimensiones: La vida y las prácticas diarias de las personas –cómo está diseñada la ciudad, los modelos de transporte, las posibilidades de vivir comunitariamente–; la libertad de acceso real –posibilidades de frecuentar manifestaciones artísticas de distintos tipos– y el libre ejercicio cultural –la opción de expresarse personalmente en este ámbito–.

Cuando se le pregunta acerca de la Constitución vigente y, particularmente, acerca de la garantía de la libertad de expresión, señala que es “letra muerta”. Argumenta con la situación posterior a la revuelta social de octubre de 2019: “La ciudadanía se manifestó, también artísticamente, a través de poemas, grafitis, fotografías, que eran borrados una y otra vez. Incluso el derecho a manifestar nuestra opinión fue criminalizado y basta revisar la cantidad de presos y presas que todavía hay”.

—Pero la vigencia de la Constitución es más larga que el período del estallido y sobre la cuestión de la criminalización hay una controversia. De hecho, la Corte Suprema informó que de las 26 personas que se mantenían en prisión preventiva en diciembre, el 58% estaba imputado por robo y el 27 %, por incendio. ¿Hay otras situaciones que la hagan concluir que la Constitución es “letra muerta” en el ámbito cultural y, sobre todo, en el de la expresión?

—Tengo una visión bastante distinta a esa. La justicia, lo mismo que la policía, está al servicio del control del poder. Y ese control siempre va a pensar que cuando alguien se manifiesta en su contra es un crimen.

Y a continuación, se pregunta por la vigencia de estas garantías en ámbitos distintos de la revuelta: “¿Realmente tenemos garantizados nuestros derechos de expresión, cuando tenemos una cantidad de pueblos que no pueden expresarse, no tienen derecho a sus propias lenguas, a su propia justicia? Y en el caso de las disidencias sexuales, ¿tienen derecho les compañeres a ser las personas que realmente son?”

—¿Cómo debiera delinearse concretamente la garantía, desde el punto de vista de la expresióncreación, para que no fuera lo que describe como “letra muerta” o correspondería a la ley hacerlo?

—Lo fundamental es que tengamos un Estado garante de nuestros derechos culturales; no el Estado subsidiario que tenemos ahora, que hace que la cultura y los derechos sociales tengan el mismo problema. Ahí donde el privado no llega, emerge el Estado en una acción secundaria. Eso hace que el mercado y el mundo privado lo coopten todo. Lo privado no necesariamente es maquiavélico y debe tener un espacio, pero regulado por el Estado. A partir de ese espíritu, podemos ir a la ley.

—¿Cuáles son las manifestaciones negativas de esa subsidiariedad en el ámbito de la cultura?

—El Estado no tiene políticas públicas culturales, salvo los fondos concursables, que no solo no dan abasto,  sino que reproducen el problema de desigualdad que tenemos. Solamente pueden tener acceso a realizarlos, ni siquiera a ganarlos, personas que tengan un nivel cultural determinado, que entren en la lógica burocrática. Hasta el acceso a internet en algunos territorios es un límite, porque no tienen cómo llenar los formularios. Los fondos concursables están siendo la única manera, dentro de la lógica subsidiaria, en la cual el Estado intenta suplir frente a todos aquellos creadores que no entran en la lógica del mercado, al que no le va a interesar una obra experimental o territorial.

Eso es preocupante –profundiza– porque el libre ejercicio cultural necesita diversidad. No quiero demonizar al mercado, pero no puede ser la única lógica, ni que dependamos solo de los criterios de los privados.

—Dados el carácter comunitario y la necesidad de diversidad que realza, ¿cree que el ejercicio de los derechos culturales exige una mayor participación a nivel comunal?

 —Villa Frei es muy distinto a Plaza Ñuñoa y cada uno tiene su identidad cultural, que depende de quienes lo habiten. Eso se puede extrapolar a todo el país. Entonces, el libre ejercicio cultural tiene que ser levantado desde los territorios, porque son diversos. No digo desde las municipalidades, sino desde los centros culturales, las asambleas, los cabildos, los grupos de interacción, los festivales, un entramado, que en cierta medida se topa con el “problema” de la municipalidad, que obedece a un orden central.

A su juicio, la centralización obstaculiza la diversidad: “Como tenemos un Estado centralizado, los programas culturales surgen de él y son intercambiables a todos los espacios que, sin embargo, son distintos. Entonces, esos programas deben salir de los propios territorios, los cuales deben tener una mayor participación. ¿Quién más que nosotros sabe lo que nuestro barrio necesita? Lo que debiéramos tener es un Estado descentralizado, plurinacional, con una democracia participativa, donde cada territorio levante sus necesidades y sea responsables de sus programaciones”.

Este es un extracto de la Revista Universitaria Nº163, "Chile se constituye"

La entrevista fue realizada por Eliana Rozas, "Tres Anhelos para una Constitución", página 25.

Puede visitar el número en el siguiente link: https://www.uc.cl/revista-universitaria/